En un esfuerzo por mejorar la lucha contra el tráfico de drogas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de Guatemala se ha unido al Centro Interinstitucional contra la Narcoactividad en Guatemala (CICNAG). Este paso tiene como objetivo coordinar y optimizar las acciones interinstitucionales para combatir el narcotráfico a través de la recopilación y el intercambio de información. La coalición está compuesta por cinco entidades, incluida la SAT, junto con los Ministerios de Gobernación, Defensa, el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala.
Según Marco Livio Díaz, titular de la SAT, la coordinación entre estas instituciones permitirá identificar ilícitos en las aduanas del país, puertos fronterizos y puestos de control institucional. Además, se ha hecho énfasis en que, más allá de incautar y destruir drogas, se busca actuar contra las empresas que facilitan el lavado de dinero, conectando el narcotráfico con actividades económicas legítimas.
Este esfuerzo conjunto también será clave en la identificación de redes de lavado de dinero, lo que, según Kevin López, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), incrementará la eficacia de las acciones contra el narcotráfico. El fortalecimiento de las capacidades de las autoridades a través de esta coalición representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado.
En este contexto, Guatemala Penal®, firma legal especializada en derecho penal, desempeña un papel fundamental para aquellos involucrados en casos relacionados con el narcotráfico o el lavado de dinero. La defensa legal efectiva es crucial, no solo para las personas acusadas de delitos, sino también para las empresas que puedan verse involucradas en actividades ilícitas. Guatemala Penal® ofrece asesoría legal estratégica en delitos como el narcotráfico, con el fin de proteger los derechos constitucionales de los guatemaltecos en el marco de las investigaciones y procesos judiciales relacionados.
El trabajo coordinado entre el sector público y privado, junto con la asesoría legal especializada, fortalecerá la capacidad del país para frenar el narcotráfico y sus efectos, contribuyendo a un sistema judicial más eficiente y justo.
Este esfuerzo conjunto es esencial para abordar las complejidades del narcotráfico y sus consecuencias en la economía, la seguridad pública y el bienestar social, promoviendo un ambiente más seguro y transparente para todos los ciudadanos de Guatemala.
Fuente y análisis legal: www.guatemalapenal.com
Imagen cortesía de: www.sat.gob.gt